Dos problemas se repetían con excesiva frecuencia : la reducida superficie de las dependencias
administrativas y su desorganización tras numerosas transformaciones en su vida útil . La accesibi
lidad y la carencia de barreras arqu itectónicas en los edificios constituían excepciones notables,
por lo que se acometieron numerosas obras de adaptación, preferentemente en los edificios más
recientes, constatándose y confirmándose el generalizado incumplimiento de las condiciones
básicas exigibles, en los accesos a los edificios y en sus circulaciones verticales y horizontales. El
estudio realizado había detectado múltiples carencias difíciles de subsanar. En muchas ocasiones
no era posible proponer soluciones sin asumir diseños excesivamente complejos o costosos.
Un segundo aspecto que no descuidó la Consejería de Gobernación y Justicia fue dar continui
dad a las obras iniciadas por el Ministerio de Justicia y transferidas a la Junta de Andalucía . Entre
ellas se encontraban las obras de nueva planta de las sedes judiciales de Motril y de Cazarla y la
reforma de la Antigua Prisión del Partido de Guadix. Asimismo, la Rehabilitación de la Carnicería
Real de Baeza para sede de su Juzgado único, cuyo proyecto había sido redactado desde el
Ministerio de Justicia fue sometido a una revisión global al objeto de, entre otras cuestiones, dar
cumplimiento al Decreto 72/92 antes de ser licitadas las obras.
De inmediato se iniciaron los proyectos de ocho nuevas sedes j udiciales y multitud de reparacio
nes, obras de supresión de barreras arquitectónicas, reformas, mejoras de instalaciones, etc.
Durante estos primeros años se iniciaron los proyectos para dotar a Málaga y Almería de sendas
ciudades de la Justicia que, ante la apremiante necesidad, se programaron desde la Consejería de
Economía y Hacienda en colaboración con la Consejería de Gobernación y Justicia .
En tercer lugar, el traspaso conllevaba la subrogación de la Comunidad Autónoma en los contratos de
arrendamiento de los inmuebles que fueron transferidos en ese régimen que, en la mayoría de los casos,
eran de fechas anteriores a la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y, por tanto, concertados con plena sujeción a la prórroga forzosa. Estos locales se encontraban,
en general, en edificios muy antiguos y faltos de las acciones mínimas necesarias de conservación y mante
nimiento por la propiedad. En ellos centró su intervención la Junta de Andalucía desde el primer momento,
y asumió el control de la gestión de pagos y de actualización de rentas, y cuantos estudios fueron necesa
rios para hacer una planificación a medio y largo plazo de las contrataciones patrimoniales.
Las anteriores circunstancias justificaron nuevas contrataciones en orden a dar urgente solución a
situaciones sobrevenidas por la creación de nuevos órganos j udiciales y el incremento de puestos
de trabajo. Para ello se promovió la creación de nuevas sedes, preferentemente próximas a sedes
existentes, duplicándose la superficie necesaria.
Los nuevos arrendamientos exigieron una serie de valores arqu itectónicos, funcionales o de acce
sibilidad, como requ isito previo para su arrendamiento. Se tuvo en cuenta la localización de los
nuevos inmuebles para compartir los servicios y recursos materiales necesarios para el desarrollo
de la actividad del Juzgado con el resto de las dependencias judiciales preexistentes, Salas de
Vistas, Clínica Médico-Forense, Fiscalía y Area de Detenidos, entre otros, con ventajas significati
vas en optimización de la inversión y en calidad de la prestación del servicio público.
En el momento de asumir la Junta de Andalucía estas competencias, otras Comunidades
Autónomas llevaban ya años haciendo grandes esfuerzos por establecer criterios de funcionali
dad en los edificios judiciales, por lo que se prestó especial atención a lo que otras administracio
nes habían realizado, en especial en el País Vasco, que sirvieron de referencia para los programas
funcionales, especialmente los que estaban siendo diseñados, como el Servicio de Atención a las
Víctimas en Andalucía (SAVA) o los Servicios Comunes del Partido Judicial.
Patrimonio Judicial en Andalucía
Casa de los Abades de úbeda
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