Las actuaciones incluidas en el Plan pretenden dar oportuna respuesta a las necesidades detectadas
y resolver los problemas que ocasionan las variadas situaciones que se producen por la falta de
dotación de los inmuebles que sirven al uso judicial, tanto desde un punto de vista cualitativo como
cuantitativo.
Como primera estimación de necesidades para fijar las acciones a acometer y, consecuentemente
cuantificar su inversión, es necesario atender la continuada creación de nuevos órganos y servicios
judiciales, especialmente en las principales aglomeraciones urbanas, tales como las capitales de pro
vincia y los municipios cabeza de Partido Judicial incluidos en dichas aglomeraciones. La construc
ción de nuevos edificios judiciales en estas áreas debe dar respuesta a las necesidades funcionales
de los órganos judiciales a los que irán destinados y prever una superficie adicional de reserva para
crecimientos futuros.
El mal estado de conservación hizo prever actuaciones de diverso carácter en cincuenta y ocho edi
ficios, ya fueran de reforma, reforma y ampliación o rehabilitación. Las obras de construcción de
nueva planta se estimaron en cuarenta y dos para su ejecución directa, que con las que serían reali
zadas en colaboración con otras administraciones públicas, fundamentalmente Ayuntamientos,
conforman la totalidad de las actuaciones previstas por el Plan. El Plan proponía intervenir en 86
edificios en 70 municipios, con una superficie aproximada de 482.000 m
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Los recursos necesarios para la ejecución de todas las actuaciones recogidas en el Plan se estimaron
en más de 384 millones de euros de financiación propia.
En las capitales de provincia se estimaron necesarios edificios grandes y complejos para albergar la
totalidad de las dependencias requeridas por sus diversos órganos, denominándose Ciudades de la
Justicia que requirieron especiales esfuerzos de planificación, coordinación e inversión pública al objeto
de darles adecuada prioridad. Las primeras en programarse fueron las Ciudades de la Justicia de
Málaga y Almería desde la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
Conocer los recursos económicos que requeriría el desarrollo del Plan era una exigencia fundamen
tal para ajustar los presupuestos de los ejercicios económicos en los que se preveía su desarrollo a
las necesidades reales, razón por la que el programa general, o programa marco, se concreta cada
año y asigna los recursos necesarios a las actuaciones de inicio inmediato y ejecución en ejercicios
posteriores con la lógica evolución del presupuesto autonómico.
El programa tiene dificultades para demostrar suficiencia de recursos si ha de llevarse a cabo en el
plazo temporal de un único ejercicio económico, por lo que el Plan es el instrumento adecuado
para procurar condiciones favorables para la viabilidad de las actuaciones, no sólo desde el punto
de vista presupuestario, dado que su inicio no sólo depende de las disponibilidades presupuestarias,
sino también de la obtención de suelo o del oportuno traslado de los órganos y servicios judiciales a
su sede provisional, si se trata de obras de reforma.
Las dificultades para programar y evaluar económicamente el Plan surgen de la escasez de medios y
la confluencia de numerosas y apremiantes necesidades. No obstante, se atendió a la necesidad
específica de cada actuación y de la situación en la que se hallara su proceso, siendo determinante
para ello que se hubiera producido ya la cesión de solar adecuado para la construcción de un
nuevo edificio, si era el caso.
El Programa de Actuación del Plan de Infraestructuras Judiciales es, pues, una relación de actuacio
nes a desarrollar en ocho años distribuidas en dos cuatrienios. Consta de una relación de municipios
cabezas de partido y, de cada uno de ellos, la situación del edificio a rehabilitar o solar a construir, el
tipo de obra, los órganos judiciales previstos en el edificio, la superficie estimada, el presupuesto
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía
Sede del Area Penal del Partido Judicial de Marbella
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