Edificios Judiciales en Andalucía. Obras y proyectos 1997-2003
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aproximado y el plazo de ejecución. Esta programación inicial contempló 86 actuaciones en 70 muni
cipios andaluces, entre los que se encuentran los diez centros subregionales (capitales de provincia,
Jerez de la Frontera y Algeciras) y las sedes de los partidos judiciales integrados en las principales
aglomeraciones urbanas de Andalucía, como San Roque, Marbella, Torremolinos, Dos Hermanas, etc.
La previsión de superficie alcanzó los 482.000 metros cuadrados, incluyendo la referida a nueva
planta y a reforma, rehabilitación y ampliación. Contemplaba 43 obras de nueva planta, 29 de
reforma y ampliación y 9 de rehabilitación integral, así como la promoción de 3 edificios en colabo
ración con los Ayuntamientos de los respectivos municipios para albergar diversos servicios públicos
y la adquisición de 2 edificios en régimen de arrendamiento para el uso judicial.
La inversión se estimó en más de 64.000 millones de pesetas (384 millones de euros), de las que
16.638 (100 millones de euros) se destinarían a la construcción de las Ciudades de la Justicia de
Málaga y Almeria, que promovería la Consejería de Economia y Hacienda.
Esta publicación ofrece información relativa a las actuaciones del Plan de Infraestructuras Judiciales
que se han abordado hasta la fecha, el grado de desarrollo alcanzado y las previsiones económicas y
de plazo para las más avanzadas. Sólo de algunas se muestran los resultados alcanzados tras la finali
zación de las obras. De ellas, las de Guadix, Motril y Cazarla fueron iniciadas por el Ministerio con
anterioridad a 1997 y, por tanto, no responden plenamente a los criterios adoptados posteriormente
por la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias en materia de edificios judiciales.
En esta primera publicación se muestra lo realizado por la Junta de Andalucía en el patrimonio judi
cial entre 1997 y 2003.
No se han incluido actuaciones de carácter menor o parcial realizadas en el mismo periodo ni obras
de adaptación de edificios tras su adquisición o donación si éstas no han conllevado alteraciones
arquitectónicas relevantes.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el patrimonio judicial transferido estaba aquejado de
envejecimiento, insuficiente capacidad y falta de adecuación a su uso.
Las dos primeras cuestiones requerían un importante esfuerzo presupuestario y de planificación
para ser llevadas a cabo de forma adecuada a sus prioridades. La falta de adecuación al uso judicial
exigía, sin embargo, un esfuerzo adicional para detectar los numerosos problemas que aquejaban a
gran parte de los edificios y adoptar, en consecuencia, adecuadas soluciones organizativas.
Por ello, la Junta de Andalucía, al asumir competencias en relación con el patrimonio arquitectónico
judicial, debió adoptar decisiones técnicas y funcionales que incidieran en la calidad del servicio
público referido a la Administración de Justicia y sobre la percepción que hace de ello cada una de
las personas que intervienen en él. Las decisiones adoptadas han sido consecuentes con el estado
de los edificios judiciales andaluces, reflejado en los Estudios-Inventario realizados entre 1997 y
2000, y parten del conocimiento de lo realizado por otras comunidades autónomas con competen
cias en la materia con antelación a 1997 y que habían llevado a cabo ya procesos análogos.
El período al que se refieren las obras y los proyectos que en apartados posteriores se muestran, desde
1997 a 2003, no es lo suficientemente amplio como para corroborar la validez de los criterios técnicos
que han servido de punto de partida. El tiempo transcurrido aún no ha permitido ver finalizadas obras
en número suficiente como para contrastar los resultados alcanzados, lo que no resta confianza en la
labor realizada hasta la fecha. Téngase en cuenta que de las obras finalizadas que se ofrecen, tan solo
la Nueva Sede del Área Civil de Marbella responde a los criterios que la Junta de Andalucía ha adopta
do para sus edificios judiciales, obra que, por otra parte, responde a circunstancias muy particulares,
especialmente de plazo, y a características muy concretas del inmueble a reformar.
