Hermosín Bono, presentó el Plan de Infraestructuras Judiciales al Pleno del Parlamento de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de 21 de febrero de 2001 y, posteriormente, al Consejo de
Gobierno de 8 de mayo de 2001. El Plan fue formulado para atender unos objetivos inmediatos:
dotar a la Administración de Justicia de edificios dignos, reconocibles por los ciudadanos, que
faciliten adecuadas condiciones de acceso y seguridad para todos sus usuarios y condiciones de
trabajo de todos los profesionales de la Justicia. La ejecución de este Plan iba a hacer posible la
reducción paulatina del gasto ocasionado por arrendamientos, incrementado aún más por la cre
ación de numerosos órganos judiciales y por el aumento de los precios, como consecuencia
directa de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.
El Plan integraba actuaciones en 86 edificios situados en 70 municipios, entre ellos las capitales
de provincia y las principales poblaciones, alcanzando una superficie total de 470.000 m
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y una
inversión estimada de 64.000 millones de pesetas (385 millones de euros) para un período de
ejecución de ocho años.
Las obras incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales se refieren a la construcción de edifi
cios de nueva planta, la reforma de edificios judiciales existentes, en algunos casos con la posibi
lidad de ser ampliados, o la rehabilitación de edificios de diverso origen para ser destinados al
uso judicial.
Desde 1997 hasta 2003, el gasto soportado por la Junta de Andalucía para dotar de medios ade
cuados la Administración de Justicia ha aumentado considerablemente año tras año hasta prácti
camente duplicarse.
Antecedentes
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