Edificios Judiciales en Andalucía. Obras y proyectos 1997-2003
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3. Elaborar, preparar y tramitar los expedientes para la contratación de las obras y los trabajos de
consultoría y asistencia técnica que tengan por objeto edificios judiciales, ya sea para su refor
ma o edificación de nueva planta, su supervisión y seguimiento de los trabajos.
4. Tramitar los expedientes regulados en la legislación patrimonial respecto a los bienes y dere
chos adscritos al servicio de la Administración de Justicia y al Ministerio Fiscal, entre los que se
encuentran los relativos a los arrendamientos de inmuebles destinados a los órganos judiciales,
no así los de adquisición de inmuebles cuya gestión corresponde a la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
5. La formación y actualización del inventario inmobiliario.
El patrimonio transferido fue objeto de detenido estudio para conocer sus carencias y necesida
des, así como las posibilidades que ofrecían para hallar respuesta en su propio ámbito. Sólo los
edificios más recientes reunían adecuadas condiciones de uso. El resto demandaba urgentes
reformas para su adaptación a nuevas normativas y necesidades, entre ellas la informatización de
la justicia, y para dar respuesta al aumento de órganos judiciales y de personal.
En el momento de asumir las competencias, en 1997, más de dos tercios de las oficinas judiciales
carecían de red informática, y del tercio restante sólo un 15% disponía de equipos informáticos
en grado suficiente que permitiera su uso habitual, consecuencia directa de dos proyectos inicia
dos por el Ministerio de Justicia, INFORIUS, en la década de los ochenta, y LIBRA, a partir de
1994, que resultaron fallidos por muy diversas razones. Ante la situación heredada, y la dificultad
que añadía buscar soluciones que garantizara la compatibilidad de equipos y programas, que
podría ser calificada de ineficaz y caótica, la Junta de Andalucía opta por la ruptura con lo ante
rior y diseña una estrategia que permita dotar de equipos y herramientas adecuadas para su
implantación en todo el sistema judicial andaluz entre 1998 y 2001, primando la seguridad y la
facilidad de su acceso para todo el colectivo implicado. Éste estaba integrado por más de 600
jueces y magistrados, más de 250 fiscales, más de 480 secretarios y más de 5.000 funcionarios
repartidos en más de 200 edificios en los que su obsoleta red eléctrica agravó aún más el proble
ma a abordar. A todos ellos se destinaron recursos adecuados para un programa específico de
formación.
Por otra parte, el presupuesto previsto para inversiones se reducía a los escasos 1.500 millones de
pesetas transferidos en 1997 conforme a la valoración de 1995, en gran parte comprometido por
obras que estaban en marcha y así fueron transferidas, entre otras las de ejecución de las nuevas
sedes judiciales de Motril, Cazarla y Guadix. Esta situación impedía pretender acometer grandes
empresas de manera inmediata, razón por la que se programó con la máxima prioridad, aún ago
tando los recursos disponibles, la primera fase del denominado plan ADRIANO.
Sin embargo, el problema más acusado era el incremento de órganos judiciales que se preveía para
el futuro inmediato. Sólo desde 1997 hasta 2001, en el marco del Pacto de Estado por la Justicia,
en Andalucía fueron creados 50 nuevos juzgados, se incorporaron 20 nuevos magistrados y se crea
ron cerca de un millar de puestos de trabajo, lo que demandó, además y de manera urgente, habili
tar nuevos espacios e ilustró la dinámica que marcaría la actividad aún por desarrollar.
Tras un período de normalización, necesario para planificar las acciones que habrían de llevarse a
cabo durante los próximos años, la consejera de Justicia y Administración Pública, Dña. Carmen
